19/08/2020

CHILE EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

La profundidad de la crisis chilena puede desembocar en una prolongada mediocridad, con división social y polarización política, o puede abrir cauce a un nuevo proyecto innovador con mayor unidad nacional.

¿Por qué esta encrucijada si el país iba progresando continuamente? Efectivamente, en las últimas décadas se afianzó la democracia, con crecimiento económico y progreso social, vivimos un proceso de reformas políticas, sociales, económicas y culturales, sostenido e impulsado por una coalición de centroizquierda que contó con mayoría electoral durante 20 años (1990-2010) y nuevamente triunfó otros cuatro entre 2014-18.

Todo parecía evolucionar bien para muchos sectores del país, no obstante existir persistentes manifestaciones políticas y sociales de descontento. Hasta que sobrevinieron dos impactos sucesivos que remecieron lo que fue una larga etapa de progreso con estabilidad. El primero, un estallido social de una magnitud inaudita (octubre 2019), una movilización masiva de ciudadanos que excedió incluso los grandes actos del retorno a la democracia en 1990. El segundo, la pandemia que nos azota implacable a todos los seres humanos, y con más fuerza a los más pobres.

El primero sacudió la institucionalidad política, demandando transformaciones importantes, y también levantó una fuerte presión por reformas económicas pro-igualdad.

La explosión social sorprendió y sobrepasó al gobierno y a todos los partidos políticos, de derecha e izquierda. Las tremendas movilizaciones desconcertaron, pero también abrieron espacio para derribar barreras y abrir oportunidades de cambio. Sin embargo, algunos sectores conservadores han mantenido su rigidez, argumentando que sería algo pasajero y que bastaría con garantizar el orden público. Y como las protestas sociales son aprovechadas en todo el mundo por grupos violentos, y en Chile la violencia alcanzó niveles destructivos inaceptables, fue más fácil confundir a la opinión pública.

Y llegó luego la pandemia, que generó un cuadro enteramente nuevo, desnudó lo que ya había mostrado el estallido social, la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, la alta informalidad que se acrecentó con el desempleo, la debilidad del Estado para proveer los recursos suficientes a los sectores de menores ingresos, la insuficiente salud pública y la desigual calidad de la educación. Ante la veloz digitalización saltó a la vista la enorme desigualdad de acceso a la educación online.

La etapa histórica anterior ha terminado. La pérdida de legitimidad exige un nuevo proyecto nacional.

¿Qué ventajas y que falencias presenta Chile para enfrentar los nuevos desafíos?

En el campo político, sin duda favorece una experiencia de décadas de instituciones que han funcionado relativamente bien, como también el avance de una conciencia democrática firme. Sin embargo, han brotado fenómenos nuevos. La pérdida de legitimidad institucional, el aumento de la desconfianza y una creciente insatisfacción ante la incapacidad de proteger a los más modestos pueden generar un deterioro irreversible de la democracia representativa.

En el ámbito económico, Chile ha tenido un crecimiento rápido importante, hasta situarse en el mayor nivel de ingreso per cápita de la región, ha logrado una baja sustancial de la pobreza -la menor de la región según CEPAL-, una situación fiscal sólida. Por el lado negativo, la tasa de crecimiento ha bajado ostensiblemente, la capacidad de innovación es reducida, con bajos niveles de investigación. En el lado social y cultural la desigualdad de ingresos, trato, discriminaciones y abusos ha despertado una mayor conciencia de derechos y de rechazo a la situación actual. Las expectativas también se elevaron rápido y chocaron con una realidad económica incapaz de responder, menos por un gobierno conservador y elitista. Ello ha desatado frustración y protestas sociales.

Chile está poniendo en juego un gran capital político legado por los gobiernos democráticos progresistas. Pues con frecuencia ocurre que el conformismo adormece, y no se ve la nueva realidad surgida de esos mismos logros; se ralentiza el ritmo de las reformas, se acumulan tensiones que ponen a prueba la capacidad de reacción y conducción.

Tres dilemas inescapables

En medio de esta crisis el sistema político funcionó, y los partidos en el Parlamento acordaron, en noviembre de 2019, convocar a un plebiscito para decidir la elaboración de una nueva Constitución; y luego, en Julio 2020, un paquete fiscal ($US 12.000 millones) para proteger a los más vulnerables, crear empleos de emergencia y reactivar.

Pero ¿basta con esto? ¿Cómo gobernar hacia delante?

Hasta las próximas elecciones presidenciales de noviembre 2021 el país esta atravesado por tres dilemas, en pleno debate.

Primero, la reforma del sistema de previsión social, sustentado en una capitalización individual que arroja resultados magros a los pensionistas. Segundo, la organización efectiva de un plebiscito seguro en octubre 2020.

En ambos temas el gobierno de Piñera ha sido renuente, y el liderazgo distante y frio de Piñera no ayuda.

Tercero, la ejecución de un gran programa de empleo puente para cubrir el periodo 2021 y 2022, mientras revive la actividad productiva.

A estos tres temas se agrega la necesidad imperiosa de reformas tributarias que logren un mayor aporte fiscal del sector más rico de la población.

Estas tres prioridades son esenciales para construir un Nuevo Pacto Social, que es el gran desafío que todos los países habremos de confrontar como consecuencia de la pandemia. Encontrar terreno común con la oposición y dar confianza a la ciudadanía es un paso indispensable para realizar, sin perturbaciones, los 8 actos electorales programados hasta fines de 2021 (plebiscito, primarias, elección de alcaldes, gobernadores, asamblea constituyente, diputados, senadores y presidente de la República).

Si esta densa agenda se descarrila crecería el riesgo de caer en gobiernos populistas o autoritarios. El populismo lo promueven aquellos que creen que pueden resolver los problemas directamente con la ciudadanía, saltándose las instituciones. El autoritarismo lo alimentan aquellos que creen que el orden público y la represión aplacarían las aspiraciones sociales. Y no hay que engañarse, pues en un ambiente de desesperación e incertidumbre esas posturas autoritarias pueden contar con el respaldo de numerosos ciudadanos y ciudadanas que preferirán la seguridad a la democracia.

¿Podrá Chile iniciar un nuevo camino de justicia social, innovación y unidad?

La clave está en no cejar en la disposición de entenderse en las cuestiones urgentes: salud, comida y empleo. Y al mismo tiempo, elaborar proyectos estratégicos de cambio a largo plazo. No será fácil, pues el sistema político chileno se ha ido fragmentando. El gobierno está constreñido por sectores conservadores, obsesionados con preservar lo existente. En la oposición y la izquierda hay dispersión, unos son más extremos, han buscado el término anticipado del gobierno, y los sectores de centro izquierda están disponibles para sostener la institucionalidad y evitar la polarización.

En Chile y América latina enfrentamos una crisis mayor, y su superación exigirá un fortalecimiento del Estado, políticas sociales contundentes, reformas tributarias, nuevas formas de participación social y de consulta ciudadana, un impulso a las pequeñas y medianas empresas con nuevas tecnologías. Y todo habría de implementarse en economías bastante más pobres. Debemos tomar conciencia que se trata de un enorme desafío de organización social y liderazgo político.

No obstante, oda crisis conlleva una oportunidad. Chile puede abrir nuevos espacios, pero ello requiere acuerdos y nuevas ideas. No puede ser más de lo mismo. Conseguir avances, aunque sean parciales, requiere superar la queja y el pesimismo que nos inunda, actuar con voluntad, con una actitud proactiva y esperanzadora para iluminar nuevos horizontes.

Sergio Bitar es político e ingeniero civil. Presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Ha sido ministro de Minería del presidente Allende, senador, ministro de Educación del presidente Lagos, y de Obras Públicas de la presidenta Bachelet.