12/05/2020

Deconstrucción y legitimación de la Justicia

Las restricciones estructurales en la administración de la justicia involucra dinámicas tan complejas que favorecen y perpetúan las desigualdades que jurídicamente se pretende eliminar.  Estas restricciones se ven fortalecidas por la exclusión sistemática de personas y poblaciones enteras del acceso a los recursos básicos esenciales, como el acceso al agua potable, a un salario justo, a vivienda digna, a servicios médicos y educativos y, actualmente, en el marco de la revolución tecnológica, a la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los dispositivos electrónicos, a una conectividad mínima y al desarrollo de habilidades para surfear programas y redes que permitan conservar cierto intercambio con el exterior.

La pandemia, por su parte, exhibe crudamente el impacto diferencial que las políticas económicas neoliberales instauradas en el mundo tienen en Latinoamérica debido al bajo crecimiento y la progresiva recesión de la economía, y la presencia de conflictos crecientes de carácter social en la región; refleja una distribución cada vez más desigual e inequitativa en términos económicos, sociales y políticos; y, al mismo tiempo, augura un acelerado agravamiento de esos desequilibrios.

En este escenario, interesa partir del concepto de violencia estructural de Galtung, para analizar aquellos mecanismos mediante los cuales se canalizan las deficiencias del sistema de administración de justicia que dificultan el acceso o vulnerabilizan aún más a aquellos grupos históricamente desfavorecidos. Cuando estas violencias indirectas, imbricadas en la estructura, instituyen diferencias de potencialidades, distribuyen inequitativamente las chances vitales y reconocen un diferente acceso a los derechos humanos entre personas y grupos, se evidencian como evitables y esa evitabilidad se posiciona en manos del Estado, es entonces que el Poder Judicial se enfrenta a una tarea pendiente.

Entre las medidas y acciones de prevención frente al COVID-19, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de varios países de la región latinoamericana se vieron forzados a hacer un ritual de ingreso abrupto y áspero al mundo tecnológico para garantizar la continuidad de aquellos procesos que, por la entidad de los derechos allí involucrados, no podían quedar paralizados, entre ellos la violencia por razón de género contra las mujeres, la situación de las personas privadas de libertad, los cuidados, la cobertura sanitaria, los alimentos y las situaciones de familiares.

Resolver los conflictos entre personas y entre éstas y el Estado, supone hoy contar con estructuras cuyo liderazgo proporcione herramientas para identificar las debilidades y fortalezas del sistema, así como llevar a cabo modificaciones estratégicas de las reglas y prácticas forenses influenciadas por los principios decimonónicos que aún rigen los procesos y procedimientos. Entre ellos, y para el ámbito penal, los de oralidad, publicidad, inmediación, y el control de la defensa en la producción de la prueba, etc., que permitan adaptaciones urgentes y compromisos recíprocos.

Entre los muchos interrogantes que hoy se presentan, destaca el referido a cómo ampliar el acceso a justicia en sectores y grupos sociales vulnerables que carecen de conectividad, de herramientas informáticas, dispositivos electrónicos, y habilidades y conocimientos para utilizarlos eficazmente. Aun con esos medios, ¿cómo garantizarlos en casos de violencia de género intrafamiliar sin incrementar los riesgos para la víctima, proveerle de protección, contención y otros recursos seguros? Si bien al inicio de la cuarentena se percibió que ciertos crímenes disminuyeron, ¿cómo se pueden impedir las diversas formas de explotación sexual, económica y cibernética que se desarrollan al amparo de la crisis, en formato doméstico o bajo la atenta supervisión del crimen organizado?

Es un desafío imaginar quién podrá (y cómo) controlar que la expansión y el uso de los mecanismos de vigilancia digital -que permitirán medir algo más que la temperatura corporal-, la inteligencia artificial y el big data se limiten a fines justificados; mejorar la extrema vulnerabilidad de quienes navegan en redes y prevenir el uso indebido de datos; anticipar y contrarrestar las múltiples formas del cibercrimen –fraudes, pornografía, juego ilegal, y otras-, así como la corrupción en la provisión de alimentos, insumos sanitarios, medicamentos, el tráfico ilegal de sustancias y especies, entre muchos retos.

Resulta a su vez crucial propiciar una interpretación en clave política de los vertiginosos cambios en la gestión judicial, de las experiencias individuales y colectivas que atraviesan quienes integran estos organismos, y de las nuevas formas de Telejusticia nacidas al amparo de las estrategias de prevención del COVID-19, para medir su impacto en las múltiples dimensiones del sistema judicial. A partir de la crisis evidenciada por la alta demanda de los servicios de justicia, será necesario que el Judicial se consolide en su rol constitucional de poder estatal fuerte e independiente, custodio último del sistema de pesos y contrapesos, para mantener equilibrada la balanza republicana del poder, evitando una excesiva concentración de poderes públicos en las administraciones. Garantizar los derechos y libertades de las personas –que, como la emergencia demuestra, no son de facto “iguales”- impone abordar cada caso desde un enfoque interseccional, de derechos humanos y con perspectiva de género.

El Poder Judicial podría no tener que limitarse, en estos tiempos, a decir el derecho para el caso concreto, cuando se ha puesto de manifiesto a nivel nacional y regional que la mayor parte de los más graves déficits son estructurales y preexistentes a la pandemia, como lo afirmaron algunas respuestas jurisdiccionales (vgr. necesidad de dotar de más y mejores medios y formación al personal encargado de hacer cumplir la ley, de sistemas informáticos y tecnología suficientes, los espacios de impunidad con relación a ciertos delitos, la recolección insuficiente de evidencia durante las investigaciones, las dilaciones y demoras para dictar sentencia, las nefastas condiciones carcelarias y las deficitarias condiciones de los edificios donde funcionan los Tribunales, etc.). Estamos ante la oportunidad histórica para construir nuevos liderazgos que desarticulen las deficiencias del sistema y lleven a cabo las transformaciones profundas que la ciudadanía demanda.

Urge construir espacios de intercambio y consenso para una revisión de las instituciones judiciales; diseñar mecanismos de cooperación e intercambio con organismos estatales y de la sociedad civil; revisar normas de fondo y de forma a las cuales sujetar los procedimientos; innovar en el catálogo de sanciones y desarrollar alternativas para la solución de conflictos; incorporar otras dimensiones al análisis fáctico-jurídico tradicional; tomar medidas y efectuar una mayor concientización sobre el cuidado de las personas que integran los organismos; garantizar que los procesos de toma de decisiones sean atravesados por las perspectivas de género, de cuidado, de derechos humanos.

En suma, la emergencia trae consigo la posibilidad de deconstruir el Poder Judicial y delinear nuevas instituciones, nuevas responsabilidades: poner en práctica una política criminal moderna e innovadora, con intervención de todos los sectores que componen el sistema, con participación horizontal, con eje en la producción de datos confiables, la gestión de calidad, la rendición de cuentas y la transparencia, para  recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia.

Sandra Verónica Guagnino es fiscal de Cámara especializada en Violencia de Género en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

FUENTES

Página Oficial de la Comisión Económica para América Latina. Consultado el 11/5/2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

El crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe estimado en el 2019 alcanza un 0,5%, debido a las mayores complejidades y riesgos que presenta el contexto internacional, junto con una caída en la dinámica de la demanda agregada interna, derivada de la disminución del consumo privado y de la nula contribución de la inversión y del gasto público al crecimiento.

Galtung J. Violence, peace, and peace research. J Peace Res. 1969; 6(3):167–191.

Página Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Consultada el 11/5/2020. Disponible en: https://www.csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-resoluciones/acordadas-de-la-corte-suprema. Página Oficial del Poder Judicial del Perú. Consultada el 11/5/2020. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/. Página Oficial del Poder Judicial de Paraguay. Consultada el 11/5/2020. Disponible en:  https://www.pj.gov.py/contenido/1833-la-justicia-no-para-noticias-relacionadas/1833. Página Oficial del Poder Judicial de Uruguay. Consultada el 11/5/2020. Disponible en http://www.poderjudicial.gub.uy, entre otros.