08/12/2022

Un golpe de Estado de 120 minutos

El papel en el que estaba escrito el discurso que leyó temblaba como un árbol en medio de una tempestad. Las manos del expresidente del Perú, Pedro Castillo, leyendo ante las cámaras de televisión delataban la ansiedad y el miedo. Su discurso no duró ni tres minutos y en él cerraba el congreso y planteaba reestructurar el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, convocaba a una asamblea constituyente en nueve meses durante los cuales, gobernaría con decretos leyes y disponía un toque de queda de 10 pm a 4 am. Utilizó la misma palabra que, treinta años atrás, había usado Alberto Fujimori cuando perpetró su autogolpe de Estado: “disolver el congreso”. Disolver es una palabra que, hoy en el Perú, da miedo.

Pero a diferencia del sátrapa Fujimori, Castillo no contaba con un asesor maléfico y astuto como Vladimiro Montesinos, hoy prisionero en la Base Naval. Castillo fue asesorado, hoy lo sabemos, por su ex premier Aníbal Torres, un viejo profesor universitario y reconocido abogado, que no calculó los escenarios posibles y por la ambiciosa e inexperta Betssy Chávez, su actual premier, una abogada de 33 años. Mientras leía sus papeles temblando, Castillo no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional, ni de ningún partido político, ni de ninguna institución del Estado, ni de sus propios ministros, ni del pueblo en general excepto algunos piquetes de ronderos, mujeres campesinas o partidos de izquierda radical que, entre 50 personas, estaban apostadas en las afueras del congreso. Si, asombrado lector o lectora, fue literalmente un suicidio político.

¿Por qué? El Congreso había agendado, para las 3 pm del 7 de diciembre, la discusión de una moción de vacancia presidencial —impeachment— por “incapacidad moral permanente” como lo señala el ambiguo artículo de la Constitución Peruana, aprobada por un golpista Fujimori en 1993. Era el tercer intento. Durante este año y cuatro meses de gobierno, el congreso intentó vacar a Castillo desde un primer momento, incluso antes de que asumiera el mando fue acusado injustamente de fraude electoral. Un congreso compuesto por tres partidos de ultraderecha, con un ex militar violador de derechos humanos en la Presidencia, el ex General Williams Zapata, y con una serie de congresistas dispuestos a acomodarse por beneficios diversos, y con apenas 8% de aprobación popular (según encuestas). Castillo, al parecer aconsejado por Torres y Chávez, pensó que esta vez sí se podría conseguir los 87 votos para consumar la vacancia, e intentó dar el golpe primero. Y le salió espuma… como diría el poeta César Vallejo.

Pero esa misma mañana un acto que se realizaba en el mismo congreso, en la Comisión de Fiscalización, logró acelerar a Castillo y sus ex premieres. Sealtiel Marrufo, un funcionario del Ministerio de Vivienda, delataba ante las cámaras de televisión del congreso que, unos meses antes, le había entregado al propio Castillo un millón de soles de una coima que le había cobrado a una empresaria de terrenos. Castillo, desde hace varios meses, está investigado por la Fiscal de la Nación por cohecho activo, tráfico de influencias, colusión y dirigir una organización criminal infiltrada en la estructura del Poder Ejecutivo. Esta acusación puso en movimiento a los congresistas de derecha y algunos radicales de izquierda que, por diversos motivos, querían deshacerse de Castillo. Todos los días la prensa más tradicional, escrita, televisada y radial, comentaban sobre la corrupción dentro del gobierno y las ansias de vacancia de la oposición. Pero la caída en cámara lenta no se aceleraba.

El 7 de diciembre fue la fecha clave. La torpeza del suicidio político de un golpe de Estado sin negociar con las propias fuerzas armadas es la cereza de un pastel político de indecisiones, incompetencias, pactos debajo de la mesa, corrupción al menudeo, y cambios ministeriales que llegaron a sumar 81 ministros de Estado en apenas un poco más de un año de gobierno. En suma, como gobernabilidad, un desastre absoluto.

Tan absurda fue la decisión del golpe que ni siquiera se había puesto a buen recaudo a la familia presidencial: cuando se estaba votando la tercera vacancia en el congreso, que esta vez llegó a sumar una mayoría de 101 votos, recién Pedro Castillo, su esposa y sus hijos, salieron de Palacio de Gobierno camino a la Embajada de México. Como lo saben peruanos y extranjeros que viven en Lima, la horrible, el tráfico es endemoniado y las patrullas de policías lograron interceptar a la comitiva expresidencial, y a punta de gritos, amenazas con ametralladoras recortadas, y órdenes desvariadas, encaminaron el carro con Castillo, su familia y el expremier Torres, a la Prefectura de Lima, donde fue detenido e interrogado por la propia Fiscal de la Nación.

Como en una película de realidad meta, al mismo tiempo en el congreso se procedió a vacar a Castillo, esta vez por interrumpir el orden constitucional, y a nombrar como su sucesora a Dina Boluarte, la vicepresidenta. Boluarte días antes había sacado un tweet deslindando del flamante gabinete de Betssy Chávez y sosteniendo que daba un paso al costado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del que fue ministra durante más de un año. Todos sostienen que, previamente, había conversado con las fuerzas del Congreso que, una semana atrás, archivaron una acusación constitucional contra ella. La mesa estaba servida. Después de la sesión los congresistas gritaban, se abrazaban, se reían y se tomaban selfies, como si fueran los héroes de la jornada, cuando ellos son parte sustancial de esta crisis política de representación.

Boluarte juramentó a las 3 pm, vestida totalmente de amarillo, el color de la buena suerte. En su discurso mencionó que se quedaría hasta el 28 de julio de 2026, con lo cual negaba implícitamente la posibilidad de una convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente como su ex Partido Perú Libre lo propuso en su plan de gobierno y el propio Castillo inicialmente lo refrendó. La primera presidenta del Perú va a gobernar sin partido, sin bancada y sin pueblo que la respalde. Tendrá que ganarse la confianza de los peruanos y las peruanas, aunque cierto sector de la izquierda la llama “traidora” y cierto sector de la derecha la quiere vacar. Mientras tanto, en la misma cárcel donde vive el dictador Alberto Fujimori, el ex presidente Castillo pasó su primera noche en prisión.

Rocío Silva-Santisteban es activista de derechos humanos, escritora, profesora de las universidades Ruiz de Montoya y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex congresista y miembro del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.