27/10/2021

Renovar el servicio judicial en tiempos de pandemia: experiencia de una provincia argentina

A decir de Joseph Pulitzer, y tantos pensadores en igual sentido, las situaciones adversas encierran, a veces, las grandes oportunidades. Y vaya si estos tiempos trajeron realidades tan imprevistas como nunca antes en nuestra historia contemporánea. Fue así que nos encontramos, también en el ámbito judicial, frente a una catástrofe sanitaria para la que nadie estaba preparado, y de la que gracias al trabajo duro, la creatividad y la resiliencia de todos y todas quienes integramos este Poder Judicial, estamos saliendo habiendo transformado positivamente el modo en que se presta el servicio de justicia en nuestra provincia. Una justicia renovada, no en un sentido declamativo sino literal, atento principalmente a las reformas tecnológicas y procesales impulsadas y concretadas durante este período.

Desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, provincia del norte de la Argentina, supimos adoptar distintas medidas en aras de preservar, tanto la salud de los trabajadores, como la de la ciudadanía que concurre a las unidades judiciales y, al mismo tiempo, garantizar la prestación esencial y oportuna del servicio de justicia.

En aquellos primeros meses del año pasado nos encontrábamos transitando un proceso de cambio con la puesta en marcha de reformas procesales. El gran reto que teníamos por delante era hacer una apropiación humanizante de la modernización, oralización y digitalización de los procesos judiciales para, tomando lo mejor que nos ofrecen las nuevas tecnologías, obtener resultados valiosos en términos cualitativos. Pero de repente, nos vimos interpelados por la coyuntura que nos exigía acelerar y profundizar el cambio de la lógica de trabajo.

En este contexto excepcional, la labor de nuestro Poder Judicial no se detuvo. A un año y medio del inicio de la pandemia, con beneplácito por los frutos del esfuerzo realizado y cautela ante los tiempos por venir, por Acordada 1049/21 esta Corte Suprema dispuso convocar al trabajo presencial a partir del 01/09/2021 a todo el personal del Poder Judicial (con las excepciones del caso) en los horarios habituales de trabajo, y la consecuente atención presencial a los profesionales y partes que lo requieran.

En este punto, a modo de síntesis meramente ilustrativa de parte de la gestión realizada desde 2020 hasta agosto de 2021, puede señalarse lo siguiente.

Se trabajó intensamente hasta implementar tanto el nuevo Código Procesal Penal como el expediente digital, dos factores determinantes en el cambio de paradigma en la prestación del servicio de justicia, con impacto inmediato y tangible en la comunidad y los trabajadores del derecho.

Con relación al primero, el nuevo Código Procesal Penal (Ley Nº 8.933) se inscribe en un modelo en el que prevalece la oralidad sobre la escritura, en el que se produce la separación entre la función de juzgar y la de investigar y acusar, y en el que las decisiones se toman en audiencias. Representa una nueva concepción en la administración de justicia configurada por los principios de plazo razonable, publicidad, transparencia, accesibilidad, igualdad y eficiencia, con el auxilio de las nuevas tecnologías, que procura brindar una respuesta eficiente al conflicto de carácter penal. Procesos más cortos y transparentes como reclama la sociedad, son dos de los grandes avances de este nuevo sistema procesal que pusimos en marcha.

Respecto del expediente digital, el desafío que se planteó fue que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial pudiera continuar trabajando remotamente sin interrumpir el servicio de justicia.

Desde el año 2010 esta Corte encaró un proceso irreversible de digitalización y dispuso la generación de un software propio de administración de expedientes (SAE). Por Acordada Nº 236/20 se aprobó el “Reglamento de expediente digital”, que marcaría el camino sin retorno hacia la efectiva “despapelización” del Poder Judicial. El SAE es hoy una realidad consolidada que forma parte de la dinámica cotidiana de trabajo de quienes se desempeñan dentro y fuera de este Poder Judicial, que no solo vino a terminar con los expedientes en papel, sino a hacer todo lo vinculado al acceso, trámite y resolución de asuntos judiciales, mucho más rápido y simple. 

Ello así, tomando como muestra el periodo que transcurre desde el 27 de abril (fecha de inicio del expediente digital) al mes de agosto del año en curso, el SAE registró 70.678 expedientes ingresados, 1.093.159 expedientes trabajados y 4.608.375 actuaciones.

Estamos inmersos en un proyecto colectivo de progreso, de modernización y de cambio, pensado siempre como instrumental al servicio de justicia. En esa línea, no puede dejar de mencionarse que el proyecto de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, surgido en 2016 del seno de la Comisión Interpoderes para el estudio de esa reforma, cuenta con dictamen favorable de comisión de la Legislatura provincial. Allí se prevé un proceso civil moderno, en el que los jueces y juezas son partícipes activos de un proceso de conocimiento por audiencias definido por la oralidad, publicidad, inmediación y concentración de actos procesales. Incorpora la tecnología de la información y la comunicación con el expediente digital.

Asimismo, en lo que respecta a la función jurisdiccional, durante el periodo 2020 – agosto de 2021 se registra un total de 117.976 sentencias dictadas entre los fueros civil y penal mixto y de 16.211 audiencias realizadas en el flamante sistema penal adversarial. 

Por otra parte, desde hace tiempo venimos sosteniendo que la perspectiva de género, que debe ser transversal al servicio de justicia, opera como norte insoslayable en la función jurisdiccional. En ese marco y en la especial coyuntura que signó estos tiempos, se acrecentaron los esfuerzos para que el acceso a la justicia de mujeres en condición de vulnerabilidad no se vea disminuido sino, por el contrario, potenciado.

En efecto, la Oficina de Violencia Doméstica tuvo un incremento impactante en su volumen de trabajo. Amplió su atención a días y horas inhábiles, incluyendo un sistema de guardias presencial y remoto a fin de asegurar un servicio expedito las 24 horas, los 365 días del año, y se facilitaron vías de comunicación e información a través de diversos medios tecnológicos. Asimismo, se migró hacia a un criterio de intervención más amplio que el de “violencia doméstica”, abordando la violencia de género también en otros ámbitos.

Por su parte, la Oficina de la Mujer se abocó al dictado de diferentes talleres de formación en género, violencia y diversidad sexual con el fin de sensibilizar y concientizar a todo el personal del Poder Judicial sobre la importancia de la perspectiva de género. Se destaca en ese orden el dictado del taller en cumplimiento de la Ley Micaela Nº 27.499. Asimismo, la OM lleva adelante el Registro de Femicidios (Acordada Nº 780/15), el Registro de Medidas Procesales (Acordada Nº 1253/16) y el Registro de Agresores por Violencia Contra la Mujer (Ley Provincial Nº 8982 y Acordada Nº 1138/18). 

Desde la Oficina de Derechos Humanos, se continuó con el proyecto de “Registro de muertes bajo custodia del Estado” y se presentaron nuevos sobre “Registro de datos de poblaciones vulnerables parte en procesos judiciales” y “Registro de personas privadas de la libertad”. Asimismo, se trabajó en el “Sistema de ingreso democrático diferenciado destinado a la inserción laboral en el Poder Judicial para personas travestis, transexuales y transgénero” y en el proyecto de Juzgado de Paz Intercultural. Más recientemente, se abordaron proyectos sobre “Gratuidad en los procesos de Adopción”, “Mediación Comunitaria y Justicia de Paz”, “Protocolo guía para la notificación y comunicación judicial a niñas, niños y adolescentes”, “Principio de Especialidad en los procesos que involucren niñas, niños y/o adolescentes (NNyA) en conflicto con la Ley Penal”, y “Justicia comprensible”.

A su turno, la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito registró su intervención en 1.794 acompañamientos a víctimas y familiares en el fuero penal y 3.805 en el fuero no penal, para un total de 5.599 intervenciones. 

Todo el quehacer de este Poder Judicial debe estar al alcance de la comunidad, por lo que esta Corte ha venido tomando medidas concretas dirigidas a visibilizar qué estamos haciendo. En ese sentido, todas las Acordadas de Corte y las resoluciones de Presidencia, así como la ejecución presupuestaria, se encuentran publicadas en la página web del Poder Judicial y se realiza asimismo una amplia difusión de los actos de este Poder estatal a través de la Dirección de Comunicación Pública.

Como reflexión final, si como dijera Antoine de Saint-Exupéry, las personas se descubren cuando se miden con un obstáculo, puedo concluir que pese a los tiempos de tormentas en que presidí el Máximo Tribunal de este Poder Judicial, no sólo se estuvo a la altura de tan adversas circunstancias sino que supimos transformarlas en una oportunidad para refundar un servicio de justicia cada vez más eficiente y eficaz, no ya de manera pasajera como será la pandemia, sino para la posteridad.

 

Claudia Sbdar es Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y Vocal de ese tribunal. Fue Jueza en lo Civil y Comercial Común y relatora de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posdoctorado en Derecho de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia.

 

1. Resumen del informe publicado en justucuman.gov.ar y reproducido parcialmente en el artículo “La pandemia brindó la oportunidad de mejorar” del diario “La Gaceta” de fecha 18/09/2021.

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