18/03/2020

Un debate que se vuelve viral: nuevos derechos en tiempos de Teletrabajo

La pandemia del coronavirus nos propone una nueva realidad de teletrabajo. Pero ¿qué implica esto? Siempre los trabajadores soñamos con esta realidad de quedarnos en casa, no tener que ir a la oficina, ahorrarnos el viaje, poder atender temas privados y poder, al fin, conciliar la vida personal con la laboral. Sobre todo las mujeres…

Pero esto implica nuevos retos regulatorios para la presencia del Estado. Allí, donde se funde lo público y lo privado, donde no podemos reconocer qué parte de nuestra vida es laboral y qué parte es privada, es donde más que nunca se necesitan códigos que establezcan lo que está bien de lo que esta fuera de lugar.

En este sentido, América Latina definitivamente no está preparada para esta realidad. Según INTAL - Instituto Para la Integración de América Latina y el Caribe-, en un estudio que está próximo a salir, sólo el 24% de los trabajadores “teletrabaja”. Esto se debe a diversas realidades, algunas culturales y otras de infraestructura.

Lo cierto es que el coronavirus nos empuja a una realidad resistida en la región y que necesita responder a nuevas demandas en torno al trabajo. Demandas que ya son una deuda pendiente pero que deben ser una realidad.

Para empezar, el teletrabajo pasa por Internet. Y si hay algo que sabemos de la red, es que queda TODO registrado. Si ya era necesaria una agenda de protección de datos de los trabajadores, esta realidad la hace aún más relevante. Qué información pueden y no pueden tener las empresas, cómo pueden utilizarla y con qué fines. Informar a los trabajadores qué datos están recabando de ellos, y tener consentimiento explícito de los mismos. Si un trabajador está siendo monitoreado, debe saber que está siendo monitoreado. Si bien esta realidad no es la de la mayoría de las empresas, sí es un escenario que viene creciendo a nivel global y que no tardará en instalarse en la región, que definitivamente el coronavirus y el empleo remoto forzado van a empujar aún más, a menos que se regule a tiempo.

Seguidamente, existe una demanda poco explorada por países del primer mundo debido al alto poder adquisitivo que gozan, y ésta es la infraestructura que se necesita para trabajar desde casa. Con sistemas energéticos deficientes y conectividad limitada por empresas que en algunos casos son monopólicas, resulta muy complicado para un trabajador conectarse a la web y poder resolver tareas en tiempo y forma. De más está decir que la infraestructura tecnológica con la que cuentan la mayoría de los trabajadores es realmente pobre: computadoras con sistemas operativos atrasados, licencias de software no oficiales y celulares con capacitad limitada (y seguramente una pantalla rota o quebrada) están a la orden del día en los hogares de América Latina en general y Argentina en particular. Esta infraestructura está a cargo del trabajador y no se plantea ni remotamente que las empresas tengan una parte en garantizar a los trabajadores una buena infraestructura. Se necesita una nueva regulación en esta materia, estableciendo quién estará a cargo de qué tecnología, armando alianzas entre lo público y lo privado para poder proveer al trabajador de las herramientas necesarias para teletrabajar sin que la totalidad de la carga monetaria caiga sobre sus hombros.

Por otro lado, el empleo remoto logra fusionar la vida privada y la laboral casi en un 100%. Mensajes que se reciben todo el día, casi constantemente, y a los que no podemos “clavar un visto” porque en teoría estamos en casa pero estamos trabajando. Madres y padres que deben educar niños, cocinar, limpiar, resolver el aprovisionamiento de alimentos sin salir al exterior, y trabajar…. Todo junto. Todo a la vez.

El derecho a desconexión laboral ya es, hoy día, una deuda pendiente con la sociedad. Trabajadores que son contactados en cualquier momento, a quienes les informan cosas, les consultan, les piden, y hasta reciben llamados de atención por mecanismos de chat. Es una realidad generalizada: nuestro trabajo está constantemente contactándonos en nuestro celular y el abuso es tal que a veces nos enteramos de cambios de horario en el turno que nos toca trabajar de un momento a otro, impidiendo poder planificar la jornada y llevar una vida normal. Existe un abuso de la conectividad que resulta en una explotación del tiempo libre del trabajador.

No sólo eso, sino que además se reciben mails y mensajes casi a cualquier hora, no existen fines de semana ni feriados. No hay límites. Y si bien quizás podemos esperar para contestar, ya nuestro cerebro queda conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, a lo que tenemos que hacer el lunes cuando arranque la semana. En efecto, el derecho a la desconexión laboral tiene que ver con la salud mental del trabajador, quien se queda pensando por largas horas y va acumulando en la psiquis tareas pendientes por resolver.

Ya existen experiencias en otros países que establecen regímenes de cantidad de veces que pueden contactarte y los motivos por los cuales pueden hacerlo, en una suerte de ordenamiento que delimita la responsabilidad, la productividad y el límite de lo humanamente posible. La realidad es que si tengo que pagarte por cada mensaje que te mando, voy a pensar dos veces antes de enviar el mensaje sobre si efectivamente es necesario y pertinente, a ver si estoy dispuesto a incurrir en el costo adicional de contactarte fuera de horario. Los mails institucionales pueden programarse para que no salgan del servidor fuera de horario, y el lunes a primera hora ingrese la catarata de mails a la bandeja de entrada. No es una cuestión técnica. Es puramente una cuestión humana y ética.

La llegada del coronavirus nos hace pensar en una inminente cuarentena, donde todos los que podemos nos vemos encerrados en nuestras casas a fin de no seguir esparciendo el virus y cuidar, sobre todo, a los más vulnerables. Esta realidad implica un nuevo desafío donde será necesario, una vez más, que el Estado marque la cancha y los límites para que esto no repercuta en la salud mental de los trabajadores. La hiperconectividad nos trae nuevos desafíos: ¿en qué horarios pueden contactarme? ¿Hay respeto por el hecho de que por ahí no puedo contestar en ese momento puesto que estoy también atendiendo a mi familia? ¿Se van a contemplar los fines de semana como días no laborables?

Nunca fue tan necesaria la regulación del Estado a tiempo, a fin de que no se termine de afianzar un modelo de explotación casi constante.

El coronavirus nos dejará muchos coletazos: el empleo remoto como modelo de negocios es uno de ellos. Un Estado presente, que regule la nueva agenda de derechos laborales 4.0, marcaría los límites entre lo privado y lo público, aun dentro de los confines de un hogar.

Sofia Scasserra es economista, investigadora y docente en el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Se desempeña como asesora en temas económicos y de comercio internacional en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y en la Fundación Foro del Sur.