07/02/2022
El tema de las drogas ilícitas ya es ineludible en la Argentina: las muertes ¿la matazón? producida por la venta y consumo de cocaína adulterada es quizás la más reciente y categórica expresión de la expansión del fenómeno en el país.
En 2014, escribí la nota que sigue a continuación. El aquel entonces tenía una expectativa implícita que, en realidad, jamás se insinuó en casi una década y más allá de los gobiernos de turno. Digamos que los principios tácitos que me llevaron a escribir sobre el tema hace ocho años fueron:
a) debatir sobre el asunto pues eludir la deliberación al respecto es disfuncional y favorece la consolidación de las fases del narcotráfico;
b) robustecer las capacidades estatales civiles para evitar que el Estado (en sus distintos niveles) quede parcial o totalmente capturado por el crimen organizado;
c) proteger a los más vulnerables y damnificados en vez de entrar en la vorágine de anuncios de sanciones y medidas drásticas usualmente ineficaces y de efecto simbólico;
d) contener el crimen organizado en vez de insistir en la panacea inalcanzable de eliminar por completo y de inmediato las drogas;
e) apuntar a la búsqueda de cohesión, equidad y solidaridad ciudadana como un mejor antídoto para revertir el enraizamiento del negocio de los narcóticos;
f) concentrarse en las personas en vez de primordialmente en la sustancia creyendo que con más decomisos de drogas, desmantelamientos de laboratorios, y operativos policivo-mediáticos se puede avanzar en la solución de un problema complejo, dinámico y resiliente;
g) reconsiderar las políticas implementadas para extraer lecciones y aprendizajes en cuanto a qué resulta útil y qué es inoperante;
h) entender la dimensión geopolítica global del negocio de las drogas y, por lo tanto, procurar una mayor cooperación y coordinación con países afines eludiendo la fracasada lógica de la "guerra contra las drogas".
La pregunta sigue vigente: ¿en qué fase del narcotráfico se encuentra hoy la Argentina?
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(*) Un especialista en criminología, Klaus von Lampe, ha identificado por lo menos 150 definiciones de crimen organizado. Autores, países, entidades nacionales e instituciones multilaterales definen de diversa manera ese fenómeno. Estamos, entonces, ante un concepto abierto a la controversia. Sin embargo, existe un relativo acuerdo respecto de las fases de evolución de la criminalidad organizada.
En ese sentido, un influyente trabajo de Edwin H. Stier y Peter R. Richards de 1987 ( Strategic Decision Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective ) constituye una buena guía para observar y evaluar cómo se despliega el crimen organizado a través de tres estadios diferenciados. Si no se aborda en la etapa correspondiente un conjunto de políticas y prácticas para frenar el crimen organizado, la siguiente fase avanzará. Esto resulta clave para entender problemas como el del narcotráfico.
¿Cuáles son esos tres estadios? Existe una fase inicial "predatoria". En esta etapa el territorio y su control son fundamentales. Ello obedece a varias razones: deben manejar uno o varios bienes ilícitos en un espacio físico seguro; deben afianzar las rutas para el transporte de dichos bienes; deben tener acceso a mercados para realizar sus productos, y deben proveerse de ámbitos de protección personal. El territorio dominado es esencial para defender el negocio ilegal; eliminar competidores; obtener influencia sociopolítica, y garantizar la supervivencia física.
En dichos territorios hay diversas formas de violencia que al principio son esporádicas y después se incrementan. Por una parte, está la rivalidad entre grupos criminales, que genera disputas. Esta forma de violencia no pareciera interesarles mucho ni al Estado ni a la sociedad, prevalece la lógica de "que se maten entre ellos". Por otra parte, está la cooptación forzada, la amenaza sugerente o la ejecución directa de algunos actores que, a nivel municipal o provincial, tienen cierto poder: intendentes, jueces, policías, entre otros. Esta forma de violencia inquieta, pero no alarma demasiado, la lógica prevaleciente, tanto institucional como social, es "no hacer muchas olas". Y, por último, está el atentado contra algún funcionario público o un líder político: en ese momento surge la lógica de "hay que hacer algo".
Todo lo anterior muestra un notable avance del monopolio privado de la fuerza; lo cual pone en evidencia el debilitamiento del Estado. Sin embargo, no se trata de un Estado inerme. Con capacidades estatales básicas se puede hacer frente al desafío y eludir que éste transite a la etapa posterior. Por ejemplo, robustecer la justicia, la inteligencia y la policía resulta imperativo. Someter a reformas periódicas los cuerpos de seguridad es crucial. Contar con información y estadísticas bien elaboradas es un requisito indispensable para tener un diagnóstico realista. Apuntar al desmantelamiento material -finanzas y tecnología- de los grupos criminales es primordial.
Pero si nada de eso ocurre, no es sorpresivo que se arribe a la segunda etapa: la "parasitaria". A esa altura, la influencia política y económica de la criminalidad aumenta notoriamente. Esta fase no sólo muestra la mayor inserción del crimen organizado, sino también tres dinámicas preocupantes: su "legitimación", "proliferación" y "democratización". Por legitimación se entiende el creciente nivel de aceptación y reconocimiento de dicha criminalidad por parte de la sociedad. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, sus dineros son aceptados por amplias franjas sociales, sus modos de vida fastuosos no son cuestionados y su visibilidad en ámbitos típicos de las elites no despierta rechazo. Por proliferación se entiende la diversificación de sus inversiones; en particular en emprendimientos legales, tanto en el campo como en las ciudades. Y por democratización se entiende la multiplicación de emporios criminales, desde grandes carteles hasta cartelitos y desde organizaciones jerárquicas clásicas del estilo mafioso hasta estructuras reticulares más sofisticadas. Todas estas formas combinan violencia, cooptación y corrupción.
A esa altura, el Estado debe responder a un asunto de gran envergadura. El Estado necesita, con urgencia, una estrategia integral de contención del crimen organizado. Pero ¿tiene la voluntad, los recursos, la capacidad? Si los tuviera, debería contar con una sociedad dispuesta a deslegitimar el avance de la ilegalidad, procurar un alto grado de cooperación internacional ante un fenómeno que se ha tornado transnacional y desplegar una política de largo plazo sin esperar milagros.
Si todo lo último no aconteciera, entonces lo más probable es que se ingrese al estadio final: el "simbiótico". En esta fase se manifiesta el afianzamiento de la criminalidad y el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del "parásito" -esto es, del crimen organizado- como éste de la estructura establecida. La frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legítimo y lo ilegítimo se torna opaca y el Estado de Derecho mismo se diluye. En esta etapa tiende a ocurrir lo que denomino pax mafiosa . Un país no es plenamente capturado por el crimen organizado, pero en muchas regiones y provincias la simbiosis permite la consolidación de una nueva clase social -a nivel local- con aptitud y decisión de establecer un orden en ese espacio ante la desorientación de las elites dirigentes y la fragilidad estatal. No se trata de un modelo de ocupación del Estado central, sino de un tipo de pax en que una clase social maximiza su poder en los claroscuros de la intersección entre el Estado, la sociedad y el mercado.
Llegada a la última fase es poco probable que se produzca una reversión completa e inmediata mediante un inesperado conjunto virtuoso de políticas públicas. En la evolución narrada, el crimen organizado de la primera y la tercera fase no es el mismo. En el estadio "predatorio" hay pandillas e incipientes grupos criminales de tipo empresarial. En el estadio "parasitario" hay modalidades diversas de crimen organizado cada vez más entrelazado internacionalmente. En el estadio "simbiótico" hay claros indicios de que de aquellas bandas emergentes son parte del pasado, ahora despunta una clase social consolidada que tuvo su soporte original en los negocios ilícitos, pero que ya tiene nexos profundos y decisivos con la economía legal y el sistema político. En la primera etapa se estaba ante un hecho criminológico; en la tercera se afirma una cuestión sociológica.
La Argentina debe tener en claro en qué punto de este desarrollo se encuentra.
(*) Artículo publicado originalmente en el diario La Nación, el 11/02/2014
Juan Gabriel Tokatlian es Ph.D en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (Washington). Actualmente es el Vicerrector de la Universidad Di Tella y Profesor Plenario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la misma universidad. Vivió 18 años en Colombia donde fue profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y investigador principal del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Fue Co-fundador y Vicerrector del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes (Bogotá).
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