11/05/2026

Los escándalos de corrupción como catalizadores del negacionismo histórico en Corea del Sur

En septiembre 2024, mientras escribía el último capítulo de mi libro “Halmoni. La revolución de las abuelas coreanas” (Penguin Random House) hice un breve viaje laboral a Corea.

Mi libro narra la historia de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente por la Armada Imperial de Japón durante la guerra (1931-1945), desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Cuando los japoneses deciden avanzar militarmente sobre China, la península coreana ya era su colonia. En el marco del conflicto, miles de mujeres de las colonias y de todos los territorios ocupados fueron llevadas en contra de su voluntad, violentadas, esclavizadas y abusadas sexualmente por hasta 15 soldados por día. La mayoría eran mujeres campesinas y pobres. A las víctimas se las conoce como “mujeres de consuelo” y desde el 8 de enero de 1992, todos los miércoles de 12 a 13 del mediodía las organizaciones surcoreanas de derechos humanos reclaman verdad y justicia frente a la Embajada de Japón en Seúl.

Durante los 20 años dedicados a investigar el tema, conocí activistas, víctimas de distintos países, profesores especializados, curadores de los museos, artistas, entre muchas otras personas involucradas, directa o indirectamente, en el movimiento social. Un movimiento que surgió recién el 14 de agosto de 1991, 46 años después de finalizada la guerra, cuando una mujer coreana se animó por primera vez a dar testimonio público y presentar una demanda judicial contra Japón. Desde entonces, víctimas y organizaciones de distintos países afectados por esta red de trata trabajan juntos en defensa de las “mujeres de consuelo”.

Quienes conocen la península saben muy bien lo difícil que es encontrar los lugares. Es un terreno extremadamente montañoso. La urbanización se extiende entre callejuelas que se abren como ramas de árboles a los costados de las avenidas principales. Sin embargo, conozco muy bien cómo llegar a la protesta de los miércoles. En 2024, aproveché mi visita al país para ir a la protesta. Ingresé por la calle donde hacia tan sólo unos años atrás se llenaba de jóvenes con carteles coloridos en defensa de las “mujeres de consuelo” coreanas rodeando la estatua de la niña paz. La estatua es un monumento conmemorativo colocado cuando se cumplió la marcha número 1000. En los carteles y mensajes que leen a las víctimas las llaman “halmoni” que significa abuela.

Para mi desilusión, había pocos manifestantes, todos apretados detrás de unas vallas custodiadas por policías lejos de la estatua. La niña de paz parecía encarcelada con doble cercado de hierro y miles de policías a su alrededor. Frente al monumento, había varios activistas con megáfonos gritando en contra de las “mujeres de consuelo”. Las atacaban por “mentir”, “exagerar” y “arruinar” las relaciones con Japón. Muchos tenían carteles con la bandera del sol naciente y frases de amistad hacia su ex colonizador. Al costado, habían estacionado una camioneta negra que tenía calcomanías de la bandera de Estados Unidos, de Japón y del dictador coreano Park Chung-hee, quien gobernó el país entre 1961 y 1979. Para ese entonces, las organizaciones negacionistas habían preparado un proyecto de ley para eliminar la estatua y cualquier beneficio hacia las víctimas.

No me sorprendió, simplemente me entristeció. En mayo de 2020, Lee Yong-soo, una de las sobrevivientes más conocidas, había acusado públicamente a la famosa organización de defensa de las “mujeres de consuelo”, el Consejo Coreano, y a su entonces líder, Yoon Mee-hyang, de corrupción. La condena mediática fue automática. La prensa local le dio una gran cobertura al caso que culminó (o empezó) con el suicidio de Sohn Young-mi, directora de una casa para las víctimas ubicada en Seúl y la destitución y procesamiento de Yoon, la dirigente más famosa. En noviembre 2024, el Tribunal Supremo ratificó la condena contra Yoon condenada a un año y seis meses de prisión con tres años de suspensión (libertad condicional) por fraude, recaudación ilegal y malversación de fondos.

La causa se dio en un momento particular. El por entonces presidente Moon Jae-in había apoyado explícitamente a las víctimas como nunca lo había hecho un presidente. Se encontró con ellas en distintas oportunidades, las invitó a participar de actos públicos - con un rol bastante protagónico - e incorporó una exhibición permanente sobre la esclavización sexual con el rostro de varias “mujeres de consuelo” conocidas en el Museo de Historia Contemporánea. Además, la activista Yoon Mee-hyang, cercana al presidente, había logrado por primera vez obtener una banca en la legislatura por el partido de gobierno. En una muestra del claro compromiso con la causa, una de las principales medidas del presidente Moon al asumir fue renegociar el controvertido Acuerdo firmado en 2015 entre la expresidenta Park Geun-hye (hija del famoso dictador) y el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe mediante el cual se ponía un “punto final” a los reclamos de las víctimas coreanas de la esclavización sexual de la Armada Imperial de Japón.

Tampoco era casualidad que cuando comenzaron las denuncias el jefe máximo de la fiscalía fuese Yoon Suk-yeol, quien luego sería presidente. Yoon había iniciado las investigaciones en contra del Consejo Coreano, del museo conmemorativo de las “mujeres de consuelo” y de las activistas más famosas. Su estrategia era muy bien vista por amplios sectores del país reticentes el activismo a favor de las “mujeres de consuelo”.  Los conservadores ganaron la batalla. El desprestigio mediático funcionó y en 2022 el famoso fiscal, Yoon Seuk-yeol, llegó a la presidencia con un discurso antifeminista y negacionista. Un negacionismo tan profundo que le provocó su destitución en 2025 y posterior encarcelamiento.

La causa de corrupción visibilizó la grieta coreana. Más allá de las cuestiones vinculadas a la transparencia en el manejo de donaciones y fondos públicos de las organizaciones involucradas, los ataques ponían en cuestión la naturaleza del reclamo y, sobre todo, de la lucha política. Me pareció esperable el efecto de la ola de desprestigio. En distintas oportunidades, profesores coreanos me habían hablado mal de las organizaciones por ser demasiado “nacionalistas” o “antijaponesas”. Hasta me habían preguntado por qué trabajaba temas tan “politizados”. No es un supuesto, sino una constatación de mi propio recorrido: la investigación sobre las halmoni conlleva enfrentar fronteras de censura muchas veces infranqueables.

Me pregunto si la defensa de los derechos de las mujeres podrá imponerse frente al sectarismo político. ¿Cómo sostener el silenciamiento ante la densa acumulación de pruebas: desde los testimonios convergentes de víctimas y victimarios hasta el rastro imborrable de los cuerpos lastimados y la descendencia de la violencia? La paradoja es desoladora: aun cuando el acervo documental resulta irrefutable, su peso parece insuficiente para quebrar la inercia de la polarización.

El 12 de febrero de este año, la Asamblea Nacional coreana aprobó el proyecto de enmienda a la «Ley sobre la Protección, el Apoyo y las Medidas de Conmemoración de las Víctimas de la Esclavitud Sexual del Ejército Japonés bajo el dominio imperialista». Esta enmienda establece el fundamento legal para prohibir y sancionar explícitamente los actos que niegan la realidad histórica de la esclavitud sexual y los insultos sistemáticamente a las víctimas. A partir de su aprobación, las protestas en contra se retiraron y las organizaciones de defensa recuperaron su espacio frente a la estatua conmemorativa. La aprobación fue posible gracias a que el gobierno, de la misma línea política que Moon, tiene mayoría en la legislatura.

No sé si la ley logrará borrar la grieta. En principio, ha legalizado que el silencio o la negación no constituye un fenómeno racional ni una mera divergencia de carácter cognitivo, sino que representa una claudicación moral y humanitaria. Ahora, el desafío radica en trascender la polarización para situar la dignidad de las víctimas en el centro del debate ético.


 

María del Pilar Álvarez es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Estudios Coreanos por la Universidad Yonsei. Investigadora del CONICET, dirige la Diplomatura, la Maestría y el Centro de Investigación en Estudios Coreanos de la Universidad del Salvador. También es profesora en la Universidad Nacional de San Martín y profesora invitada de la Universidad Torcuato Di Tella.

Especialista en derechos humanos y memoria histórica en Asia del Este, ha realizado investigaciones en Corea del Sur, China, Taiwán y Japón. En 2025 publicó Halmoni. La revolución de las abuelas coreanas con Penguin Random House.