El tráfico de armas ilícitas en la región y las estrategias para combatirlo

En el presente artículo se busca sistematizar diversas problemáticas, ideas y recomendaciones de política planteadas durante la reunión cuadrilateral entre Argentina, Brasil, Colombia y México para el ‘Fortalecimiento de la cooperación regional en América Latina para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y delitos conexos’ organizada por el Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta reunión se realizó del 5 al 7 de junio de 2019, en la Ciudad de México.

América Latina tiene los índices más altos de homicidios en el mundo -casi el 70% de los cuales son cometidos con armas de fuego[1]. Nuestra región padece al mismo tiempo otras formas de criminalidad, en particular el tráfico de droga, la delincuencia organizada, la trata de personas y otras formas de tráfico ilícito, que se retroalimentan y facilitan el acceso a las armas ilícitas para sus integrantes.

Las armas ilícitas se utilizan para ejercer poder y extorsión, así como también son una lucrativa mercancía en los mercados ilegales (las municiones ilegales deben considerarse como parte del mismo problema). Este tráfico es un fenómeno invisible, que toma visibilidad una vez acontecido el hecho violento (robos, asesinatos o actos de terrorismo).

Existen algunos esfuerzos a escala internacional para combatirlo, con iniciativas como el protocolo de armas de Naciones Unidas (Compendio de Implementación Modular de Control de Armas Pequeñas –MOSAIC-); el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que regula el comercio internacional de armas (cuyo principal objeto es reducir el tráfico ilícito de armas convencionales), o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: las metas del Objetivo 16 ‘Paz, Justicia e Instituciones sólidas’ establecen: 1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; 2. Recortar hasta 2030 las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada y; 3. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Sin embargo, estos esfuerzos no parecen ser suficientes para reducir significativamente el tráfico ilícito de armas y la violencia armada que dicho tráfico facilita.

Es necesario realizar un cambio paradigmático. Por un lado, poner el foco en los nexos del tráfico de armas con el lavado de dinero y activos, el terrorismo y el crimen organizado, analizando las interconexiones entre estos elementos como parte de una misma estrategia criminal y, por otro lado, ejercer un mayor control redoblando los esfuerzos coordinados entre los países de nuestra región.

Diferentes estudios y las investigaciones criminales indican que en ciertos niveles de organizaciones criminales prima la lógica económica empresarial ya que las ganancias del delito se reinvierten en logística, tecnología y acciones de corrupción. A través de sofisticados mecanismos financieros, estas organizaciones buscan evitar que las ganancias económicas se vinculen con la actividad criminal. De allí la importancia de atacar el lavado de activos. Los flujos ilícitos se dan también en operaciones financieras legales, por ello allí surgen oportunidades para desarticular estas bandas.

Las modalidades del tráfico ilícito de armas son múltiples. Por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Colombia y México han recibido armas desmontadas en paquetes de encomienda desde otros países. También se han detectado nexos de empresas de transporte con grupos criminales. Entre EEUU y México, la misma ruta del tráfico de droga desde México hacia EE.UU es recorrida en sentido inverso por las armas de EE.UU hacia México y desde allí al resto de la región.

Otro aspecto clave es el goteo constante e imperceptible desde los miles de arsenales y salas de armas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la región hacia el mundo delincuencial. La extendida falta de controles con tecnologías de detección (como RFID), hoy maduras y de relativa fácil implementación, transforman a los arsenales en cajas negras, con registros de entradas y salidas de arma anotados a mano o cargados en programas básicos de cálculo. Es imperioso avanzar en la implementación de estos sistemas de control automatizados, que permitan realizar rápidas auditorías y que registran de modo indubitable los movimientos de entradas y salidas sin la necesidad de la intervención del personal.

También tiene un rol fundamental el fortalecimiento y/o creación de Agencias de Control de Armas a escala nacional o subnacional. Estas Agencias registran a los legítimos usuarios, realizando exámenes psicofísicos y análisis de antecedentes que garantizan el uso deportivo o profesional del arma, y sobre todo indican una persona responsable de su uso. Es importante modernizar estas Agencias, dotarlas de medios y tecnología, así como también encontrar un equilibrio entre los altos requisitos o la falta absoluta de los mismos. Un exceso de requisitos o bien el alto costo del registro suele generar una masiva ausencia de registro por parte de los usuarios, al mismo tiempo que la inexistencia o inacción de estas Agencias deja igualmente un gran número de usuarios sin registro, equiparándolos, de hecho, a quienes portan armas ilegalmente.

Es de suma importancia redoblar esfuerzos en la destrucción de armas incautadas y judicializadas; el rastreo de armas con marcaje, y  promover la identificación balística (que consiste en la identificación y ‘matcheo’ del casquillo o proyectil levantado en una escena del delito con el arma con la cual se ejecutó el disparo -mediante la utilización de microscopía electrónica-)[2].

Debe impulsarse la cooperación entre países de la región para que fluya más ágilmente la  información, por ejemplo, sobre el desvío de armas institucionales que puedan caer en manos de organizaciones criminales de otro país. O viceversa, informar sobre la incautación de armas que provengan de otro país, para que sus autoridades puedan realizar las investigaciones internas correspondientes.

Para ello, se debe promover la interconexión regional de sistemas como el Centro de Información de artefactos de explosivos y rastreo de armas de fuego de Colombia; el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y el Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC) de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de Argentina; el Grupo de Coordinación sobre Armas de México (GC Armas); y el Centro de Rastreo de Brasil. También debe ser potenciado el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME). Los agregados de seguridad de las Embajadas pueden ser nodos de colaboración, y así agilizar investigaciones transnacionales.

Debemos ir hacia sistemas registrales más integrados a nivel internacional, e impulsar el intercambio de información instantánea o espontanea. Otra tarea pendiente es la armonización de un nomenclador común de material controlado entre diferentes países y la uniformización de los tipos penales posibles. Por ejemplo, en Canadá existe el tipo penal de posesión con fines de tráfico. Es muy difícil comprobar el tráfico (a diferencia de la posesión ilícita). Si existiera en nuestra región el tipo legal ‘posesión con fines de tráfico’, bastaría con la potencialidad o intensión de tráfico para que se constituya el delito.

Debe impulsarse la combinación en el uso de diferentes tecnologías para el rastreo de armas tales como el intercambio de información balística (con el Sistema Único de Comparación Balística -SUCOBA-, por ejemplo); el rastreo con marcaje y la gestión automatizada de Arsenales.

Finalmente, el intercambio de buenas prácticas a escala regional puede basarse en casos de éxito tales como el Centro de rastreo de Brasil; el sistema automatizado de gestión de Arsenales implementado en la Prefectura Naval Argentina; el sistema de detección en puertos en Colombia; o el modelo del Centro Antibombas y Rastreo de Armas (CIARA) de la Policía Nacional de Colombia en dónde se logra una integración de las instancias analíticas, investigativas y periciales.

Existen en la región muy buenas experiencias y prácticas, pero es clave regionalizarlas, ya que el tráfico ilícito de armas es liderado por organizaciones con redes de contacto y operación transnacional. Coincidentemente, para luchar eficientemente contra este flagelo debe impulsarse la cooperación bilateral y regional, adoptando lo más posible las lógicas de red, tan hábilmente implementadas por los grupos criminales.

 

Javier Parysow es MSc. en Política y Políticas Públicas Europeas de la London School of Economics, miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de Universidad Nacional de Tres de Febrero, docente de la Universidad Nacional de San Martín y representante argentino ante el Comité Técnico de Gestión de la innovación de la ISO.

 

 


[1] UNODC, Estudio Global de Homicidios, 2019

[2] Para que pueda funcionar la identificación balística deben construirse amplias bases de registros balísticos (al menos dos disparos por arma que quedan al resguardo en la base, física o digitalmente). Existen casos de fuertes inversiones realizadas para adquirir microscopios electrónicos, sin prever la constitución gradual de estas bases, por lo que en los hechos, no se pueden realizar las comparaciones que permitan identificar el arma que disparó determinado proyectil o casquillo.

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