28/07/2026

Semana decisiva para la Argentina: Milei impulsa una ley que debilita las fronteras del país

Mercados ilegales, soberanía territorial y seguridad nacional.

Las zonas de frontera han ocupado históricamente un lugar estratégico para el desarrollo de actividades económicas. Allí confluyen bienes, personas, capitales y oportunidades comerciales. Precisamente por ello, las fronteras también constituyen espacios privilegiados para el desarrollo de mercados ilegales. Donde existen diferencias regulatorias entre países, controles estatales imperfectos y amplios territorios de difícil vigilancia, aparecen oportunidades que organizaciones criminales aprovechan para mover mercancías, personas y dinero ilícito.

Este punto merece una aclaración importante. La expansión del crimen organizado no responde únicamente a la existencia de organizaciones criminales particularmente sofisticadas. Antes que ello, responde a la existencia de mercados altamente rentables. Son las oportunidades económicas que ofrecen esos mercados las que generan incentivos para que individuos y organizaciones inviertan recursos, desarrollen nuevas capacidades y construyan estructuras cada vez más complejas. En otras palabras, los mercados ilegales producen organizaciones criminales del mismo modo que los mercados legales producen empresas: ambos responden a incentivos, oportunidades y expectativas de ganancias.

Desde esta perspectiva, las fronteras representan uno de los activos más valiosos dentro de la economía criminal. No constituyen simplemente corredores para el tránsito de drogas. Son espacios donde se reducen costos de operación, se facilita el almacenamiento y procesamiento de mercancías ilícitas, se desarrollan actividades de contrabando y lavado de activos, y se construyen redes logísticas que posteriormente pueden diversificarse hacia otras economías ilegales, como la minería clandestina, el tráfico de personas, el robo organizado, el contrabando o el comercio de bienes falsificados.

Argentina reúne varias condiciones que incrementan esta vulnerabilidad. Posee miles de kilómetros de fronteras terrestres difíciles de controlar y ocupa una posición geográfica relevante dentro de las rutas internacionales del narcotráfico. Una cantidad significativa de cocaína producida en la región atraviesa el territorio nacional con destino a Europa, Oceanía y otros mercados internacionales. El desafío estratégico consiste precisamente en evitar que el país deje de ser únicamente un territorio de tránsito para transformarse en un espacio de consolidación de organizaciones criminales con capacidad de controlar mercados, reclutar miembros y exportar violencia.

La experiencia reciente de América Latina ofrece importantes lecciones. Ecuador experimentó durante la última década una profunda transformación cuando organizaciones locales comenzaron a integrarse con redes internacionales del narcotráfico. El resultado no fue simplemente un aumento del tráfico de drogas, sino una rápida expansión de la violencia homicida, la corrupción y el control territorial por parte de grupos criminales. Chile, históricamente uno de los países más seguros de la región, enfrenta hoy crecientes desafíos en su frontera norte como consecuencia de la intensificación de los flujos ilícitos provenientes de Bolivia y Perú. En ambos casos, las fronteras dejaron de ser simples espacios de tránsito para convertirse en plataformas desde las cuales organizaciones criminales expandieron sus operaciones.

La investigación comparada muestra que el crimen organizado prospera cuando logra apropiarse de activos que aumentan la rentabilidad de los mercados ilegales. Entre esos activos, el control territorial ocupa un lugar central. Disponer de un territorio propio reduce riesgos, facilita la logística, protege inversiones ilícitas y permite ejercer formas de regulación informal sobre competidores y comunidades. El objetivo último no es controlar territorio por razones militares o simbólicas, sino aumentar la eficiencia económica de las actividades ilegales.

Por ello, toda modificación del régimen jurídico de las zonas fronterizas debe analizarse también desde la perspectiva de la economía política del crimen organizado. La eventual flexibilización de los controles sobre la adquisición de tierras en áreas estratégicas puede generar oportunidades no previstas para actores cuya capacidad financiera proviene precisamente de mercados ilícitos. La dificultad para reconstruir el origen de esos recursos y la utilización de empresas o testaferros constituyen mecanismos ampliamente documentados mediante los cuales organizaciones criminales consolidan posiciones territoriales sin recurrir necesariamente a la violencia.

No se trata de afirmar que la inversión extranjera en zonas fronterizas sea, por definición, problemática. Tampoco de sostener que toda adquisición de tierras implique una amenaza para la seguridad. El desafío consiste en reconocer que determinadas regulaciones pueden alterar los incentivos y las oportunidades disponibles para organizaciones criminales altamente adaptativas, cuyo principal objetivo es maximizar beneficios y reducir riesgos.

Las organizaciones criminales modernas operan cada vez más como conglomerados empresariales. Diversifican actividades, invierten ganancias, establecen alianzas internacionales y buscan controlar activos estratégicos que incrementen su rentabilidad. Desde esta perspectiva, la seguridad pública no depende únicamente de perseguir delincuentes o aumentar las penas, sino también de limitar las condiciones económicas que permiten la expansión de los mercados ilegales.

La experiencia latinoamericana demuestra que las crisis de seguridad no aparecen de manera súbita. Son el resultado de procesos graduales de acumulación de poder económico y territorial. Una vez consolidados esos procesos, revertirlos resulta extraordinariamente costoso para el Estado. Por ello, las políticas sobre zonas de frontera deberían concebirse no solo como instrumentos de desarrollo económico o regulación patrimonial, sino también como componentes fundamentales de una estrategia de prevención del crimen organizado.

En definitiva, el debate sobre las fronteras no trata únicamente sobre la propiedad de la tierra. Trata, sobre todo, de la capacidad del Estado para impedir que mercados ilegales crecientemente rentables encuentren en esos territorios las condiciones necesarias para consolidarse. La experiencia comparada muestra que prevenir esa consolidación es mucho menos costoso que intentar desmantelarla una vez que el poder criminal se ha institucionalizado.

Marcelo Bergman es Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Argentina.